En la Ley General de la Seguridad Social se establece que la edad mínima de jubilación de 65 años podrá ser reducida hasta los 58 años en el caso de personas con discapacidad en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que se trate de discapacidades en las que concurra evidencias que reduzcan la esperanza de vida de esas personas, y siempre que hayan cotizado el periodo mínimo exigible para acceder a la jubilación, que en 2016 es de 35 años.
De acuerdo al Ministerio de trabajo, para poder acogerse a este tipo de jubilación anticipada, el 45 % de discapacidad ha de ser por alguna de las siguientes enfermedades:

a) Discapacidad intelectual (antes retraso mental).
b) Parálisis cerebral.
c) Anomalías genéticas:
   1.º Síndrome de Down.
   2.º Síndrome de Prader Willi.
   3.º Síndrome X frágil.
   4.º Osteogénesis imperfecta.
   5.º Acondroplasia.
   6.º Fibrosis Quística.
   7.º Enfermedad de Wilson.
d) Trastornos del espectro autista.
e) Anomalías congénitas secundarias a Talidomida.
f) Síndrome Postpolio.
g) Daño cerebral (adquirido):
   1.º Traumatismo craneoencefálico.
   2.º Secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones.
h) Enfermedad mental:
   1.º Esquizofrenia.
   2.º Trastorno bipolar.
i) Enfermedad neurológica:
   1.º Esclerosis Lateral Amiotrófica.
   2.º Esclerosis múltiple.
   3.º Leucodistrofias.
   4.º Síndrome de Tourette.
   5.º Lesión medular traumática.

 

calculadora

 
La fórmula para el cálculo de las indemnizaciones por despido ha suscitado cierta problemática en los últimos años como consecuencia de la Reforma Laboral de 2012, especialmente en aquellos casos en que los trabajadores tenían años de servicio anteriores a la entrada en vigor de esa Ley.
Tanto es así que los Tribunales se han tenido que pronunciar al respecto pero sin existir un criterio unificado.
 
Casi cuatro años después de la Reforma Laboral por fin existe ya un criterio unificado para el cálculo de la indemnización por despido.
En consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una aplicación que permite calcular dicha indemnización teniendo en cuenta esos criterios ya unificados, y la ha puesto al servicio de la ciudadanía en general. 
 
El enlace a dicha aplicación es el siguiente: cálculo indemnización por despido Poder Judicial.
No obstante se advierte desde la misma aplicación que no es vinculante, es decir, no tiene valor oficial sino meramente informativo.
 
Cualquier duda que le surja a la hora de utilizar la aplicación nosotros le ayudamos gratuitamente. Solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Esperamos que esta información le haya parecido útil.
 

 

Antes de exponer este artículo me gustaría brevemente y de manera simple explicar la diferencia entre enfermedad común y enfermedad profesional, accidente de trabajo y accidente no laboral, pues resulta necesario para entender mejor de lo que estamos hablando.

Las enfermedades en general se diferencian de los accidentes en que, no se originan de forma instantánea sino que, son consecuencia de un proceso más o menos prolongado en el tiempo. Sin embargo, la diferencia entre la enfermedad común y la enfermedad profesional es que, la primera no está originada por la actividad laboral, pero la profesional sí.

Las enfermedades profesionales con motivo de la actividad laboral no son fáciles de determinar, y por ello, se ha creado un listado por el ministerio de sanidad que las va especificando a medida que van surgiendo e investigándose.
Ejemplos de enfermedades profesionales son la asbestosis (exposición prolongada al asbesto que es cancerígeno); la silicosis (exposición prolongada al polvo de sílice); o la hipoacusia o sordera profesional (exposición prolongada a ruidos extremos), entre muchas otras.

En cambio, los accidentes en general son repentinos y, en vez de derivar de un proceso patológico como las enfermedades, son originados por una sucesión de acontecimientos imprevistos (pero no imprevisibles). Y la diferencia entre el accidente laboral y el no laboral, es el momento en qué sucede: - fuera o dentro de la jornada laboral, o al ir o venir del trabajo.

También hay que decir que nuestros Tribunales han determinado que, a efectos jurídicos, serán accidentes de trabajo toda lesión o enfermedad que, causada con motivo de la actividad laboral normal, no se halle recogida en la lista de enfermedades profesionales a la que antes hacíamos referencia, pues sería entonces enfermedad profesional.

Pues a tenor de lo dicho, muchas veces tras un accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores, sabiéndolo o sin saberlo, acaban cobrando una prestación por contingencias comunes cuando en realidad, lo que le correspondía era una prestación por contingencias profesionales, que son aquellas que derivan de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales.

La diferencia entre la prestación por contingencias comunes y la prestación por contingencias profesionales es que, mientras que en la primera sólo se cobra el 60% de la base reguladora diaria a partir del 4º día de baja médica (no cobrando nada los tres primeros); en las contingencias profesionales la prestación sería del 75% de la base reguladora diaria desde el día siguiente al del accidente de trabajo, o desde la determinación de enfermedad profesional.

Pues bien, si esto te pasara a ti o alguien que conoces, han de saber que existe un procedimiento para reclamar la determinación correcta de la contingencia que es, y no la que te quieren “encasquetar” y reclamar así el dinero que se te debe.

Primera: el devengo de un interés por mora

Cuando el empresario se retrasa en el cumplimiento de su obligación de abonar puntualmente el salario, por causa a él imputable, el interés por mora en el pago del salario será del 10% de lo adeudado.
La finalidad de este interés por mora es reparar al trabajador por el daño causado.
Los Tribunales han aclarado que el interés por mora regulado en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a periodos anuales.
Este interés por mora, no podrá ser apreciado de oficio por el juzgador, y deberá ser el trabajador el que lo solicite de forma expresa en su reclamación salarial.

Segunda: La posible finalización indemnizada del contrato de trabajo por el trabajador.
La falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario, es justa causa para que el trabajador extinga el contrato teniendo derecho a la indemnización para el despido improcedente.
Sin embargo, para que esta extinción indemnizada surja efecto, precisa de una previa solicitud al órgano judicial y, a la estimación por parte de éste de la demanda planteada. Por tanto, el trabajador deberá seguir acudiendo a trabajar mientras tanto, a no ser que se solicite y se estime, una medida cautelar fundamentada en los perjuicios que al trabajador se le ocasionan por asistir a su puesto de trabajo hasta que se dicte sentencia.
Por otra parte, el retraso o impago de los salarios deberá tener la consideración de incumplimiento empresarial grave, y a estos efectos, el Tribunal Supremo ha afirmado que no existe tal gravedad cuando ese retraso continuado, reiterado o persistente no supera los tres meses.

renuncia

El finiquito es el documento escrito por el cual la empresa propone al trabajador unas cantidades dinerarias que considera le debe a éste antes de dar por finalizada la relación laboral. Además, una vez firmado por las partes, y según su redacción, suele constituir un acuerdo entre las partes de que nada más se deben ni se van a reclamar.
Antes de continuar, ha de aclararse que la firma del finiquito por el trabajador no implica necesariamente que pierda sus derechos a reclamar de forma posterior, pues existen criterios, fórmulas, circunstancias, etc. que pueden invalidar el finiquito. Sin embargo, siempre será mejor que el trabajador lo firme con la tranquilidad de no renunciar a sus derechos.
Como decía, el finiquito es una mera propuesta del empresario, con la que el trabajador puede estar o no estar de acuerdo.
Lo que suele ocurrir, es que el trabajador lógicamente no dispone siempre de quién le asesore en el momento de firmar el finiquito, y suelen pasarlo bastante mal en esos momentos porque no saben qué hacer.
Lo ideal sería estar ya preparado previamente y saber, al menos, si la empresa ha venido pagándole correctamente todos los conceptos retributivos que le pertenecen, y no esperarse al último momento.
Al tratarse el finiquito de una propuesta, el trabajador puede llevarse la copia del documento sin firmar para revisarlo asesorado por un profesional, y entregárselo posteriormente a la empresa firmado con o sin conformidad cuando lo haya revisado.
Pero puede ocurrir que la empresa, o el personal al cargo, no permita que se lleven la copia.
En cualquier caso, mi recomendación al trabajador/a cuando se le presenta un finiquito y no sabe qué hacer es la siguiente:
Primero.- Tomar las dos copias, y compararlas para ver que son iguales. Si no fuera así, advertirlo a quién se las dé, y no firmar nada hasta que lo corrijan.
Segundo.- Guardarse una de las copias, y después firmar la otra escribiendo a puño y letra: “Recibí, sin perjuicio de reclamación posterior en su caso”, poner fecha y firma, y dejársela a la empresa.
Esta fórmula evitará, por un lado, renunciar explícitamente por escrito a cantidades que se le puedan deber; y por otro, poner el famoso “Recibí, no conforme “ que, en todo caso, va a mostrar una disconformidad en el acto, sin siquiera saber si las cantidades son o no las correctas.
No les de vergüenza ni miedo ponerlo. A la empresa no le da ni vergüenza ni miedo poner: “con la firma de este documento usted renuncia a cualquier reclamación posterior”, ¿verdad que no?
Si desea que se le revise las nóminas, contratos, finiquito, o cualquier otro documento laboral, pónganse en contacto y se lo revisaremos.

Las pensiones son el resultado de aplicar unas fórmulas inventadas por la Seguridad Social y cada pensión tiene una fórmula distinta. (Inventadas pero escritas).
La cuestión está en que, como en toda fórmula, hay que completarla con los números correctos, pues si no, aunque la fórmula esté bien, el resultado no va a ser el esperado.
Pues lo mismo pasa con las pensiones. Que su cuantía sea la correcta, va a depender de que los importes económicos que se comunican entre las empresas, las mutuas y la seguridad social sean los correctos. Y lamentablemente, no siempre es así.
Un caso concreto lo hemos tenido hace poco de una pensionista de incapacidad permanente a la que se le ha estado pagando aproximadamente la mitad de la pensión que efectivamente debería estar percibiendo. Y todo porque la mutua en su día se equivocó al comunicar a la Seguridad social el salario diario real de la trabajadora. 
Hay que tener en cuenta, que la Seguridad social no es omnipoderosa ni mucho menos perfecta, y que tras los ordenadores y los papeles, lo único que hay son personas como usted o como yo, y que pueden equivocarse.
Por ello no dude en revisar su pensión por profesionales especializados en Seguridad social como nosotros y, en su caso, reclamar su pensión efectiva.
 

Contacto

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texto legal

¿Qué es un Graduado Social?

Los Graduados Sociales somos profesionales del ámbito jurídico, y al igual que los abogados, estamos legitimados para actuar ante los Tribunales de Justicia, con la diferencia que nos dedicamos en exclusiva a los asuntos sociales (empleo, conflictos laborales entre trabajadores y empresarios, prestaciones de la Seguridad Social, pensiones, etc.). Cierto es que, al ser una profesión muy especializada, siempre ha sido más conocida para ciertas entidades públicas y privadas, que para la sociedad en general. Lo cuál, poco a poco ha ido variando pues cada vez son más las personas en general las que acceden a nuestros servicios especializados.

También somos los únicos profesionales que, desde el momento en que nos colegiamos, somos Peritos en materia Laboral y Seguridad Social, siendo así que nuestros informes sobre la valoración de la situación laboral y jurídica de un trabajador/a, de un pensionista, o de un desempleado/a; gozan de valor y reconocimiento jurídico.

Estará en buenas manos.